Según ha explicado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, el registro incluirá información detallada sobre la estructura de propiedad de los medios y los ingresos que perciben de las administraciones públicas. Además, los medios estarán obligados a mantener actualizados estos datos.

El anteproyecto también prevé la creación de registros autonómicos coordinados con el estatal, que recogerán información de los medios de ámbito regional. La CNMC, además de supervisar el cumplimiento de la normativa, evaluará el impacto de posibles operaciones de concentración en el sector mediático, especialmente en los casos que superen determinados umbrales de audiencia o ingresos.

Supervisión de la publicidad y sanciones por incumplimiento

La nueva normativa busca aportar más transparencia en el uso de la publicidad institucional y en la concentración de la propiedad de los medios. Entre las modificaciones previstas en la Ley General de Comunicación Audiovisual, se establecerán criterios más estrictos para evaluar cómo afecta la concentración de medios al pluralismo informativo.

Asimismo, el texto incorpora medidas sancionadoras para garantizar su cumplimiento. Las multas por infracciones leves podrán alcanzar los 30.000 euros, mientras que en los casos más graves podrían llegar hasta el 6% del volumen de negocio anual del infractor.

Control de la desinformación y regulación de plataformas digitales

El anteproyecto también incluye disposiciones relacionadas con la adaptación del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), con la CNMC como organismo encargado de su aplicación en España. Esto implicará nuevas obligaciones para las plataformas digitales, como la implementación de canales de denuncia de contenidos ilícitos, la transparencia en el uso de algoritmos y la adopción de medidas contra la manipulación informativa en periodos electorales.

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