{"id":452,"date":"2024-09-18T11:03:46","date_gmt":"2024-09-18T09:03:46","guid":{"rendered":"https:\/\/empresaperiodistica.umh.es\/?p=452"},"modified":"2024-09-18T11:08:29","modified_gmt":"2024-09-18T09:08:29","slug":"el-gobierno-encarga-a-la-cnmc-tutelar-el-registro-de-medios-para-saber-quienes-los-controlan-y-como-se-financian-y-establecera-limites-a-la-publicidad-institucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/empresaperiodistica.umh.es\/en\/2024\/09\/18\/el-gobierno-encarga-a-la-cnmc-tutelar-el-registro-de-medios-para-saber-quienes-los-controlan-y-como-se-financian-y-establecera-limites-a-la-publicidad-institucional\/","title":{"rendered":"El Gobierno encarga a la CNMC tutelar el registro de medios para saber qui\u00e9nes los controlan y c\u00f3mo se financian y establecer\u00e1 “l\u00edmites” a la publicidad institucional"},"content":{"rendered":"
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El <\/span>Consejo de Ministros <\/a>ha aprobado el plan de regeneraci\u00f3n que <\/span>Pedro S\u00e1nchez <\/a>ide\u00f3 en el periodo de reflexi\u00f3n que se tom\u00f3 en abril cuando tuvo conocimiento de que su mujer estaba siendo investigada por un juez y que esboz\u00f3 ante el Congreso en julio. El texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, contempla un abanico de medidas amplio, pero se trata de una exposici\u00f3n de ideas y propuestas, en la mayor\u00eda de los casos sin concreci\u00f3n ni desarrollo y que precisar\u00e1 de un sinf\u00edn de iniciativas parlamentarias para ir d\u00e1ndole forma, con la consiguiente dificultad de sacarlo adelante, ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.<\/span><\/div>\n
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En todo caso, el texto, porque se trata de eso, de un documento, s\u00ed pone el foco especialmente en el sector de los medios de comunicaci\u00f3n. Bajo el prop\u00f3sito de saber con detalle qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de la propiedad de los medios de comunicaci\u00f3n y c\u00f3mo se financian, sobre todo cu\u00e1nto dinero p\u00fablico reciben y de qui\u00e9n, el Gobierno quiere crear un registro de medios de comunicaci\u00f3n en el que se “disponga de informaci\u00f3n p\u00fablica sobre su propiedad y la inversi\u00f3n publicitaria que reciben”.<\/p>\n

El \u00f3rgano encargado de supervisar y tutelar este registro ser\u00e1 la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia<\/strong>, que gestionar\u00e1 el registro una vez realizada la reforma, seg\u00fan recoge el texto. Este organismo deber\u00e1 ser reformado para asumir estas competencias y para dotarlo de una independencia respeto al Gobierno. “La ciudadan\u00eda debe conocer las fuentes de financiaci\u00f3n de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta”. La Moncloa <\/strong>lo que hace es tomar como referencia el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicaci\u00f3n<\/strong>, que al tratarse de un reglamento y no de una directiva europea no necesita de una transposici\u00f3n, sino que es de obligado cumplimiento para los pa\u00edses miembros de la UE<\/a>. Y as\u00ed, remiti\u00e9ndose al reglamento, evita entrar en terreno m\u00e1s pantanoso y aplicar medidas m\u00e1s duras, sabedor de que es un tema delicado.<\/p>\n

El Ejecutivo tambi\u00e9n plantea, como ha venido informando este diario, una reforma de la Ley de Publicidad Institucional <\/strong>para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminaci\u00f3n en su asignaci\u00f3n”, una tarea encomendada a la Secretar\u00eda de Estado de Comunicaci\u00f3n <\/strong>y que deber\u00e1 ser aprobada por las Cortes Generales<\/strong>. Considera el Gobierno que la publicidad institucional es una “fuente de ingresos importante para muchos prestadores de servicios de medios de comunicaci\u00f3n y prestadores de plataformas en l\u00ednea, que contribuye a su sostenibilidad econ\u00f3mica”.<\/p>\n

La sospecha en La Moncloa es que muchos de lo que ellos denominan “tabloides digitales” y “pseudomedios” est\u00e1n financiados en gran medida por gobiernos auton\u00f3micos y locales del PP<\/a>. De ah\u00ed que apuesten por establecer l\u00edmites, en el sentido expresado por S\u00e1nchez<\/a> de que no haya medios que tengan m\u00e1s financiaci\u00f3n que lectores. “La asignaci\u00f3n opaca y sesgada de dichos fondos es, en consecuencia, un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicaci\u00f3n, o de subvenci\u00f3n o financiaci\u00f3n encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja pol\u00edtica o comercial injusta o una cobertura favorable”, recoge el texto salido del Consejo de Ministros<\/strong>.<\/p>\n

La filosof\u00eda y m\u00e1xima del Gobierno en este asunto se resume en esta idea del documento de 25 p\u00e1ginas, recogida dentro del ep\u00edgrafe 'Establecimiento de mayores garant\u00edas de la independencia de los medios de comunicaci\u00f3n': “Se hace necesario fijar l\u00edmites a la financiaci\u00f3n que las administraciones p\u00fablicas pueden dedicar a los medios de comunicaci\u00f3n, para que no haya medios esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones p\u00fablicas”. Eso s\u00ed, no se concreta cu\u00e1l ser\u00e1 ese l\u00edmite. <\/p>\n

Los ministros Pilar Alegr\u00eda y F\u00e9lix Bola\u00f1os.<\/span>JAVIER LIZ\u00d3N<\/span>EFE<\/span><\/span><\/p>\n

Sin entrar en muchos detalles, el Gobierno considera que “procede establecer requisitos comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminaci\u00f3n en la asignaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos u otros recursos estatales a los prestadores de servicios de medios de comunicaci\u00f3n y prestadores de plataformas en l\u00ednea a efectos de publicidad institucional o adquisici\u00f3n de bienes o servicios a partir de ellos distintos de la publicidad institucional, como por ejemplo producciones audiovisuales, datos de mercado y servicios de consultor\u00eda o formaci\u00f3n”.<\/p>\n

S\u00ed quiere el Gobierno dar categor\u00eda de debate pol\u00edtico a la difusi\u00f3n de bulos y desinformaci\u00f3n, que el asunto sea algo vivo durante toda la legislatura, y para ello plantea la creaci\u00f3n de una nueva comisi\u00f3n en el Congreso de los Diputados sobre desinformaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

Revisi\u00f3n de los delitos sobre la libertad de expresi\u00f3n<\/h2>\n

Este “Plan de acci\u00f3n por la democracia”, que as\u00ed es como lo ha llamado el Gobierno, incluye 31 medidas que esperan implementar a lo largo de los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os -da por hecho, de nuevo, La Moncloa que se agotar\u00e1 la legislatura- y se estructura en tres ejes: ampliar y mejorar la calidad de la informaci\u00f3n gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.<\/p>\n

Entre las medidas, el Gobierno se compromete a una “reforma integral” del C\u00f3digo Penal<\/strong> en lo relativo a los delitos sobre la libertad de expresi\u00f3n acerca de las instituciones del Estado. “Abordar una reforma integral de los art\u00edculos del C\u00f3digo Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresi\u00f3n y a la creaci\u00f3n art\u00edstica, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio p\u00fablico u otros supuestos”.<\/p>\n

Ni el ministro de Justicia, F\u00e9lix Bola\u00f1os<\/strong>, ni el de Cultura, Ernest Urtasun<\/strong>, ni el documento, hablan de derogar. Hablan de “reforma legal”. Todo abierto. Todo ambiguo. “Se trata de garantizar la libertad de expresi\u00f3n y de creaci\u00f3n art\u00edstica en manifestaciones sobre las instituciones del Estado. La legislaci\u00f3n penal espa\u00f1ol debe adecuarse a las mejores legislaciones penales de los pa\u00edses de nuestro entorno y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)<\/strong>“, es lo que se ha limitado a decir Bola\u00f1os. Desde el Ejecutivo se remiten a tres sentencias europeas, de marzo de 2011, marzo de 2018 y junio de 2023, para justificar la revisi\u00f3n de esos delitos, aunque no concretan c\u00f3mo ser\u00e1 la reforma ni si el camino es una derogaci\u00f3n completa de esos delitos.<\/p>\n

Fuentes de Sumar <\/strong>s\u00ed son m\u00e1s ambiciosas y exponen que el esp\u00edritu del acuerdo entre los socios de coalici\u00f3n es cambiar el C\u00f3digo Penal, con el fin de despenalizar estos delitos. Que no se pueda condenar a nadie por hechos que s\u00ed han sido castigados hasta ahora. Recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamin\u00f3, por ejemplo, en 2018 que quemar fotos de los Reyes <\/strong>est\u00e1 amparado por la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n

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Las medidas m\u00e1s destacadas del plan de S\u00e1nchez<\/h2>\n
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1. Estrategia de Gobierno Abierto<\/p>\n

2. Creaci\u00f3n de la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante<\/p>\n

3. Rendici\u00f3n de cuentas obligatoria para conocer c\u00f3mo se cumplen los programas de gobierno.<\/p>\n

4. Reforma de la Ley de Secretos Oficiales.<\/p>\n

5. Creaci\u00f3n de un registro de medios de comunicaci\u00f3n con informaci\u00f3n sobre su propiedad e inversi\u00f3n publicitaria que reciben.<\/p>\n

6. Obligaci\u00f3n de que las Administraciones P\u00fablicas publiquen anualmente su inversi\u00f3n publicitaria.<\/p>\n

7. Reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminaci\u00f3n en su asignaci\u00f3n.<\/p>\n

8. Reforma de esta Ley para garantizar sistemas de medici\u00f3n de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad.<\/p>\n

9. Impulso de la Ley de secreto profesional de los periodistas como garant\u00eda jur\u00eddica para la protecci\u00f3n de fuentes.<\/p>\n

10. Estrategia Nacional de lucha contra las campa\u00f1as de desinformaci\u00f3n.<\/p>\n

11. Reforma integral de los art\u00edculos del C\u00f3digo Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresi\u00f3n y a la creaci\u00f3n art\u00edstica, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio p\u00fablico u otros supuestos.<\/p>\n

12. Reforma de las leyes org\u00e1nicas del derecho al honor y del derecho de rectificaci\u00f3n.<\/p>\n

13. L\u00edmites a la financiaci\u00f3n que las administraciones p\u00fablicas pueden dedicar a los medios de comunicaci\u00f3n para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones.<\/p>\n

14. Ley de grupos de inter\u00e9s para conocer la influencia de cada sector en la elaboraci\u00f3n de las leyes.<\/p>\n

15. Obligaci\u00f3n a realizar el Debate sobre el Estado la Naci\u00f3n y debates en campa\u00f1a electoral.<\/p>\n

16. Obligaci\u00f3n de publicaci\u00f3n de todos los microdatos de las encuestas electorales.<\/p>\n

17. Fortalecer el r\u00e9gimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

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via ELMUNDO https:\/\/www.elmundo.es<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\"\"<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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