Manzano, exministro del Interior bajo el Gobierno de Carlos Menem y presidente de Integra Capital, se sumaría a la iniciativa promovida por Andrés Varela Entrecanales y otros empresarios españoles, añadiendo un componente internacional a una licitación que ya de por sí tenía un evidente sesgo político.

En Argentina, el grupo de Manzano, que cuenta con canales como América TV o A24, representa un actor consolidado en un mercado audiovisual competitivo, lo que podría aportar experiencia en contenidos y operación televisiva a un proyecto español que hasta ahora ha mantenido su estrategia informativa y de programación en secreto.

Sin embargo, su implicación ha reavivado el debate. La falta de transparencia percibida por algunos críticos y la estrecha vinculación entre los aspirantes y figuras afines al Ejecutivo han alimentado dudas sobre el carácter “plural e independiente” de la futura cadena, justo cuando la TDT española busca reinventarse en un entorno de profunda transformación de consumo audiovisual.

El proyecto liderado por este consorcio rivaliza con la oferta presentada por Mediaset España, único otro competidor declarado hasta la fecha. La ley española establece limitaciones claras sobre el capital extranjero en televisiones en abierto, restringiendo la participación no nacional a un máximo del 25% del capital social, lo que obligará a Manzano a actuar como socio minoritario si finalmente su oferta prospera.

La licitación para una nueva señal de alcance nacional viene acompañada de una profunda reconfiguración del espectro de TDT en España, impulsada por el nuevo Plan Técnico Nacional que introduce la tecnología DVB-T2 y libera capacidad en los múltiplex tras la reorganización de emisiones existentes. Este plan, aprobado en 2025, permite la aparición de nuevos canales y aspira a modernizar un medio tradicional marcado por el declive de audiencias frente a las plataformas digitales.

Desde el sector, la candidata promovida por el entorno gubernamental, Proyecto Siete, se concibe como una alternativa a la concentración mediática tradicional y como un contrapeso al dominio de Atresmedia y Mediaset, que concentran cerca del 80 % del mercado publicitario televisivo en la actualidad. No obstante, la decisión de Atresmedia de no participar, combinada con la salida de otros posibles interesados como Blas Herrero o Vocento, ha dejado una oferta menos competitiva de lo esperado.

El Ejecutivo tiene un plazo de un año para adjudicar la licencia, cuya concesión tendrá una vigencia inicial de 15 años.