En todo caso, el texto, porque se trata de eso, de un documento, sí pone el foco especialmente en el sector de los medios de comunicación. Bajo el propósito de saber con detalle quién está detrás de la propiedad de los medios de comunicación y cómo se financian, sobre todo cuánto dinero público reciben y de quién, el Gobierno quiere crear un registro de medios de comunicación en el que se “disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben”.

El órgano encargado de supervisar y tutelar este registro será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que gestionará el registro una vez realizada la reforma, según recoge el texto. Este organismo deberá ser reformado para asumir estas competencias y para dotarlo de una independencia respeto al Gobierno. “La ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta”. La Moncloa lo que hace es tomar como referencia el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que al tratarse de un reglamento y no de una directiva europea no necesita de una transposición, sino que es de obligado cumplimiento para los países miembros de la UE. Y así, remitiéndose al reglamento, evita entrar en terreno más pantanoso y aplicar medidas más duras, sabedor de que es un tema delicado.

El Ejecutivo también plantea, como ha venido informando este diario, una reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, una tarea encomendada a la Secretaría de Estado de Comunicación y que deberá ser aprobada por las Cortes Generales. Considera el Gobierno que la publicidad institucional es una “fuente de ingresos importante para muchos prestadores de servicios de medios de comunicación y prestadores de plataformas en línea, que contribuye a su sostenibilidad económica”.

La sospecha en La Moncloa es que muchos de lo que ellos denominan “tabloides digitales” y “pseudomedios” están financiados en gran medida por gobiernos autonómicos y locales del PP. De ahí que apuesten por establecer límites, en el sentido expresado por Sánchez de que no haya medios que tengan más financiación que lectores. “La asignación opaca y sesgada de dichos fondos es, en consecuencia, un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación, o de subvención o financiación encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable”, recoge el texto salido del Consejo de Ministros.

La filosofía y máxima del Gobierno en este asunto se resume en esta idea del documento de 25 páginas, recogida dentro del epígrafe 'Establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación': “Se hace necesario fijar límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas”. Eso sí, no se concreta cuál será ese límite.

Los ministros Pilar Alegría y Félix Bolaños.JAVIER LIZÓNEFE

Sin entrar en muchos detalles, el Gobierno considera que “procede establecer requisitos comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos públicos u otros recursos estatales a los prestadores de servicios de medios de comunicación y prestadores de plataformas en línea a efectos de publicidad institucional o adquisición de bienes o servicios a partir de ellos distintos de la publicidad institucional, como por ejemplo producciones audiovisuales, datos de mercado y servicios de consultoría o formación”.

Sí quiere el Gobierno dar categoría de debate político a la difusión de bulos y desinformación, que el asunto sea algo vivo durante toda la legislatura, y para ello plantea la creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

Revisión de los delitos sobre la libertad de expresión

Este “Plan de acción por la democracia”, que así es como lo ha llamado el Gobierno, incluye 31 medidas que esperan implementar a lo largo de los próximos tres años -da por hecho, de nuevo, La Moncloa que se agotará la legislatura- y se estructura en tres ejes: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Entre las medidas, el Gobierno se compromete a una “reforma integral” del Código Penal en lo relativo a los delitos sobre la libertad de expresión acerca de las instituciones del Estado. “Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos”.

Ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ni el de Cultura, Ernest Urtasun, ni el documento, hablan de derogar. Hablan de “reforma legal”. Todo abierto. Todo ambiguo. “Se trata de garantizar la libertad de expresión y de creación artística en manifestaciones sobre las instituciones del Estado. La legislación penal español debe adecuarse a las mejores legislaciones penales de los países de nuestro entorno y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)“, es lo que se ha limitado a decir Bolaños. Desde el Ejecutivo se remiten a tres sentencias europeas, de marzo de 2011, marzo de 2018 y junio de 2023, para justificar la revisión de esos delitos, aunque no concretan cómo será la reforma ni si el camino es una derogación completa de esos delitos.

Fuentes de Sumar sí son más ambiciosas y exponen que el espíritu del acuerdo entre los socios de coalición es cambiar el Código Penal, con el fin de despenalizar estos delitos. Que no se pueda condenar a nadie por hechos que sí han sido castigados hasta ahora. Recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó, por ejemplo, en 2018 que quemar fotos de los Reyes está amparado por la libertad de expresión.